Reino Unido podría retroceder en exigencia de puerta trasera a Apple. Presionado por EE. UU. e inquietudes sobre privacidad, el Gobierno británico reconsidera su orden de cifrado forzado en iCloud.
Origen del conflicto
En enero, el Home Office del Reino Unido emitió una orden bajo la Investigatory Powers Act de 2016 exigiendo a Apple implementar una puerta trasera en iCloud—un acceso obligatorio incluso a datos cifrados con Advanced Data Protection (ADP) . Apple respondió deshabilitando ADP en el país y desafiando legalmente la orden, lo que desató una defensa unánime de la privacidad digital.
Presión de EE. UU. y giro diplomático
EE. UU., con voces como el vicepresidente JD Vance, consideró la exigencia británica como un “gran línea roja” que podría poner en riesgo relaciones tecnológicas y comerciales, incluyendo iniciativas de AI y cooperación digital . Washington indicó que imponer esta puerta trasera vulneraría tratados como el Cloud Act, comprometiendo acuerdos de acceso a datos .
Frente a esto, el Reino Unido ha admitido estar “respaldado contra la pared” y que el Home Office está buscando una salida legal para evitar tensiones mayores, evitando un enfrentamiento con EE. UU..
Implicaciones para privacidad y tecnología
- Una puerta trasera en cifrado global debilita la seguridad de usuarios de iCloud en todo el mundo y abre puertas para ciberataques.
- Organizaciones como Apple y WhatsApp han denunciado que estos accesos sacrifican la privacidad sin bonificaciones reales en investigación criminal.
- El caso pone sobre la mesa el equilibrio entre seguridad pública y derechos digitales, además de la necesidad de mantener la confianza en los proveedores tecnológicos.
Conclusión
El giro del Reino Unido marca un paso importante hacia la protección del cifrado y la soberanía digital. La presión de EE. UU. aceleró una revisión que podría evitar una precedente global peligroso: imponer puertas traseras de cifrado en servicios internacionales. Si se confirma el retroceso oficial, será una victoria para la privacidad y un mensaje firme sobre los límites de la vigilancia estatal.
